Organizaciones de la colectividad judía, funcionarios nacionales y dirigentes políticos y gremiales repudiaron hoy una expresión del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en el ejercicio de sus funciones durante el Gobierno de María Eugenia Vidal habló de la conveniencia de disponer de «una Gestapo o fuerza de embestida» para «destruir la actividad sindical».
Los dichos del exfuncionario se conocieron hoy tras el hallazgo de videos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en los que quedaron registradas reuniones en 2017 del entonces ministro en las que promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.
Esos encuentros -que motivaron hoy la presentación de una denuncia penal contra Villegas y otros exfuncionarios del gobierno de Vidal por parte de la AFI- dejaron en evidencia «la existencia de una mesa judicial en Buenos Aires» orientada a «destruir el movimiento sindical», según definió la actual titular de la Agencia de Inteligencia, Cristina Camaño.
«La descalificación al eventual adversario político manifestando añoranza por la Gestapo además de ser brutal, banaliza de modo inadmisible la Shoá. Estas expresiones son combatidas permanentemente por las democracias del mundo para que no se repita tragedia semejante», señaló la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) a través de la red social Twitter.
La DAIA repudió las manifestaciones de Villegas, porque «no hacen más que contradecir a las instituciones democráticas y banalizar el Holocausto de manera impúdica».
El Llamamiento Argentino Judío se sumó a los repudios y a través de un comunicado expresó que lo dicho por el exministro de Trabajo de Vidal «solo puede salir de la boca de alguien que mantiene una consideración positiva de una de las fuerzas de seguridad del régimen nazi».
Y vinculó las palabras de Villegas con lo que «la derecha argentina piensa entre bambalinas: el desprecio hacia los trabajadores, hacia sus organizaciones gremiales y, como contraparte, valorizaciones de empatía en relación a todas las versiones opresoras y fascistas que han existido en la historia» para «debilitar el sistema democrático, cercenar las libertades y provocar espirales de violencia».
Funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires también expresaron su repudio a los dichos de Villegas, y juzgaron que el supuesto armado de una mesa judicial en suelo bonaerense durante el mandato de Vidal no hace más que confirmar el modus operandi utilizado en tiempos de Cambiemos para «perseguir opositores políticos y gremiales».
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al video hallado por la AFI en su cuenta de Twitter donde se preguntó hoy «qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial Argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal».
En un hilo de tuits, Cristina Fernández vinculó a varios de los exfuncionarios de Vidal que aparecen en el video hallado con el accionar que, comandada por Gustavo Arribas, tuvo la AFI durante la presidencia de Mauricio Macri, involucrada en espionaje ilegal.
«Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario», se preguntó la expresidenta, entre otras consideraciones.
A su vez, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, calificó como «gravísima» la denuncia presentada por AFI contra funcionarios de Vidal, aunque dijo que «no le extraña para nada» esa metodología, al sostener que «era el sueño que tenían» en el macrismo.
«Siendo diputado me tocó presentar junto a otros diputados y senadores la primera denuncia de la mesa judicial cuando entraban al despacho de (Mauricio) Macri en la Casa Rosada y a Olivos a jugar al paddle. Son los mismos camaristas de casación que hoy se siguen excusando, el mismo nivel de impunidad», afirmó Soria.
En tanto, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, fue uno de los primeros que repudió los hechos y evaluó que demostraron «un accionar coordinado» existente en el gobierno de Cambiemos que buscó «perseguir opositores políticos y gremiales».
«Acciones como estas están severamente penadas por la Ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente», entendió.
También se expresó sobre el tema el ministro de Defensa, Jorge Taiana, para quien estos hechos evidencian «lamentablemente algo que ya habíamos visto y que ha tenido una rutina y una práctica extendida en el gobierno anterior».
«Es muy lamentable porque eso degrada el Estado de derecho y la función política de las autoridades», completó Taiana, en declaraciones a la prensa, tras participar de un acto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno.
De igual manera, la ministra de Gobierno de Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, juzgó que «la existencia de una Mesa Judicial en la provincia» recuerda a «prácticas de la dictadura».
A su vez, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, calificó de «enorme gravedad institucional» el accionar de los exfuncionarios y aseguró que la anterior gestión «siempre apuntó a terminar con los derechos de las y los trabajadores».
Consideró además que es una «amenaza» a la democracia «la utilización del Estado para espiar y armar causas a opositores políticos y gremiales».
Los episodios descubiertos también tuvieron su repercusión en el ámbito legislativo.
El bloque de Diputados del Frente de Todos en la Legislatura provincial presentó un proyecto de repudio en el que calificaron a los hechos como «aberrantes» y destacaron que el nuevo hallazgo de la AFI corrobora y pone en evidencia «una vez más» la existencia de una red de inteligencia y apriete que «por lo menos comprendería a la exgobernadora, al actual procurador Julio Conte Grand, parte del Poder Judicial, al Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, al ahora al Ministro de Trabajo Villegas, entre muchos otros».
Desde el ámbito gremial, el titular de Suteba, Roberto Baradel, también dijo no estar sorprendido por los dichos de Villegas y su intento de armar causas contra gremialistas que estaban en la mira de la gestión de Cambiemos porque su objetivo era «destruir a los sindicatos y a todo aquello que defendiera a las y los trabajadores».
Suteba señaló en un comunicado la «complicidad» de los medios de comunicación hegemónicos y de sectores del Poder Judicial, mientras apuntó que esta revelación «no hace más que confirmar las prácticas represivas y persecutorias» a los trabajadores de la educación y el conjunto de las organizaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal que llegaron «hasta amenazas de muerte contra Baradel y su familia».
Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, expresó a través de Twitter que lo que narran esos videos «no solo constituye una ilegalidad, sino que genera una profunda impresión por el desconocimiento de lo cruenta que fue la dictadura con los gremios» y que «con este desprecio por los trabajadores se manejaron Macri y Vidal».
La secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y diputada nacional, Vanesa Siley, afirmó que «la gestapo la tuvieron», pero «no pudieron es terminar con los gremios».
En el mismo sentido, Eduardo López, secretario gremial de CTERA y de UTE dijo a través de Twitter que «el sueño de los funcionarios macristas es un mundo sin sindicatos», y el secretario de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, celebró que esos hechos «hayan salido a flote» porque se trata de «pruebas de lo que realmente sucedió durante el gobierno de Macri y Vidal». (Télam)
