Denuncian los gremialistas un uso político de la salud en San Nicolás
Gran cantidad de trabajadores municipales sin cobertura, tras la ruptura unilateral de Passaglia con IOMA. Un problema, sobre todo, para los enfermos crónicos y los oncológicos.
Desde el pasado 30 de junio, una parte importante de los trabajadores municipales de San Nicolás se quedaron sin cobertura. La peor parte la llevan los enfermos crónicos, algunos estaban internados, con tratamientos oncológicos y sólo la mediación de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses con IOMA, la obra social provincial, restauró transitoriamente la situación.
Tal como viene anticipando BuenosAires/12 desde hace casi cinco meses, unos ochenta trabajadores de la Municipalidad de San Nicolás y sus grupos familiares, todos ellos con al menos un paciente con patología crónica, se encuentran sin cobertura médica por la decisión unilateral e irregular del intendente saliente de ese distrito, Manuel Passaglia, de dar de baja el convenio que los adhería a IOMA.
El capítulo más reciente de la saga, pero seguramente no el último, involucra a la Justicia. Tras firmar un acuerdo con la prepaga Avalian, el intendente presentó una medida cautelar para que IOMA siguiera cubriendo a este grupo, que incluye pacientes oncológicos, dializados, cardíacos y con movilidad reducida, entre otros, ya que la ley nacional no obliga a la nueva cobertura a aceptarlos.
La cautelar fue aceptada por la jueza María Isabel Fulgheri, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 1, pero la controversia surge ahora por las condiciones de esa nueva cobertura. En ese marco, la magistrada dio un plazo de cinco días para que IOMA “cumpla debidamente la medida cautelar ordenada en fecha 6/7/23” bajo apercibimiento de “aplicar una sanción conminatoria de Pesos cien mil ($100.000) por cada día”. De todas maneras, queda pendiente de resolución la cuestión de fondo.
La medida habilita a la obra social provincial a recibir excepcionalmente a esos trabajadores como afiliados voluntarios, ya que esa figura sólo se utiliza para casos en los que la relación laboral se extinguió. Pero la afiliación voluntaria, a diferencia del descuento de 4 puntos porcentuales de salario de la afiliación por convenio, implica un pago de 13.900 pesos por adulto y otros 7 mil por hijo a cargo. Sumado, para una familia tipo, 42 mil pesos. Los salarios no llegan a las seis cifras.
Pero, curiosamente, el texto de la medida judicial ordena que la cobertura se brinde “en las mismas condiciones previas”, que se extinguieron cuando el oficialismo local pretendió derogar una ley provincial con una ordenanza municipal, bajo la presidencia de Matías Grams y con el voto, entre otros, de Daniel Luchelli, que ahora encabeza la lista y, de ganar, presidirá el HCD en el próximo período. ¿Eso significa que no deben abonar la cuota correspondiente? ¿Implica la restitución del convenio? ¿Cómo se realizaría la retención salarial son convenio vigente?
“Como es de público conocimiento, la decisión unilateral adoptada por el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia, de desadherir al sistema previsto en la ley 6982 y adherir al régimen de la ley 23.660, lleva a que las y los trabajadores de ese municipio no cuenten más con IOMA” advirtieron desde la obra social mediante un comunicado.
“Ante esta situación, es obligación de IOMA y de acuerdo a la Ley que lo regula, hacer efectiva la baja de la totalidad del universo de trabajadores del Municipio de San Nicolás de los Arroyos, ya que hasta este momento la ley del Instituto no contempla una afiliación voluntaria por continuidad laboral para aquellos trabajadores que siguen vinculados con el municipio” explican.
El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Rodolfo Cecchi, volvió a manifestar su preocupación por la situación de los trabajadores que, dijo, viven momentos de «total incertidumbre». «Entendemos que IOMA nos tiene que dar cobertura, pero acá el único responsable de que no tengamos cobertura de salud es el intendente Manuel Passaglia”, afirma, y agrega que «desde la dirección de Recursos Humanos, ni siquiera han tenido predisposición para emitirles la documentación necesaria para completar la afiliación, como es el certificado de trabajo». El director de Recursos Humanos es Matías Dieringer y depende de la Secretaría de Gobierno, Agustina Gruffat. «Nuestra organización tuvo que mediar para que fueran adheridos como voluntarios y no se les cortara el tratamiento. Mientras pasa todo esto, el intendente está en Ramallo».
«Independientemente del análisis, el intendente incursiona en abandono de persona, y mientras tanto los gladiadores seguimos muriendo en la arena de la indigencia de los pobres sueldos que nos paga», dice Cecchi, y suma a su denuncia que el municipio pagará a Avalian más de lo que percibía IOMA, por menos servicios, brindados además desde los hospitales públicos que Passaglia privatizó.
La relación entre el clan Passaglia, que desde hace varios años maneja la ciudad, y la jueza Fulghieri, dista de ser buena. Intervino en más de 500 causas contra el municipio y en más de una oportunidad intentaron recusarla sin suerte, llegando al extremo de ir a hostigarla a su domicilio para forzar un pleito y esgrimirlo como causal.
Si la jugada de Manuel tenía objetivos políticos, evidentemente no funcionó. A pesar de su apoyo explícito al sector de Patricia Bullrich, Passaglia no sólo no obtuvo la nominación a vicegobernador acompañando a Néstor Grindetti, sino que no aparece en ninguna lista y su futuro es incierto. Fuentes locales sostienen que se trata de una decisión de su padre, Ismael, por haber iniciado la guerra contra IOMA sin su consentimiento y sin medir las consecuencias.
El precandidato a intendente hoy es Santiago Passaglia, hermano mayor de Manuel y diputado por la segunda sección electoral. En plena campaña, en declaraciones a una radio local, sostuvo que “el ejecutivo se responsabilizará de que todos sus trabajadores tengan cobertura”. Aunque no explicó cómo, BuenosAires/12 viene afirmando que, un escenario posible, es el que ya se da en Capitán Sarmiento, un municipio mucho más pequeño, en el que el intendente del PRO Javier Iguacel, tomó una medida similar un año antes. Para evitar una avalancha de denuncias de sus propios trabajadores, el municipio de Capitán Sarmiento paga la cuota de los socios individuales de IOMA con fondos públicos. De esta manera, cierra el círculo de negocios privados y Estado, municipal, bobo.
Manuel Passaglia recién parece haber tomado dimensión del problema generado hace menos de un mes. Entonces, instruyó a su director de Recursos Humanos, Matías Dieringer, a negociar retiros voluntarios con cada uno de los trabajadores en esta situación, de hasta 200 por ciento por encima de la obligación legal. La modalidad consistía en ir por sorpresa a la casa, con el acuerdo impreso, ponerlo sobre la mesa y presionar para obtener la firma. Muy pocos aceptaron.
Todo indica que el tema seguirá escalando. La semana pasada fue abordado en la reunión que compartieron el secretario general de FESIMUBO, Rubén “Cholo” García, su par de la Confederación de Trabajadores Municipales, Hernán Doval, y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Hasta en Tigre
Entre abril y mayo pasado, cuando la guerra santa del PRO contra IOMA amagó con extenderse a otros distritos de la provincia como un elemento más de la campaña electoral, el presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas, aprovechó una distracción del bloque oficialista para votar una ordenanza copiada y pegada de la original nicoleña. La misma fue vetada por el intendente Julio Zamora, con el apoyo de todos los concejales de su fuerza.
El pico de la ola antiIOMA ocurrió durante el otoño, cuando la audacia de Passaglia fue festejada en Twitter por los intendentes de Juntos por el Cambio de Olavarría, Junín, Pergamino y Azul, entre otros. Sin embargo, todos ellos, excepto Passaglia, parecen haberlo pensado un poco mejor. No sólo no desadhirieron al convenio, sino que lo ratificaron formalmente y por escrito, para que no quedaran dudas. Aunque, esto último, no lo tuitearon.
De todos modos, el STM y la FESIMUBO se encuentran en estado de alerta y evalúan los pasos a seguir.
