Los jefes comunales bonaerenses hicieron frente al pago salarial de abril aunque muchos ya vaticinan problemas para el próximo mes. El Gobierno de Axel Kicillof, de permanente contacto con los intendentes propios y ajenos, garantizó ayudas presupuestarias para aquellos con más problemas de liquidez, ante la baja de la recaudación.
Sin embargo, no todo fue en base al diálogo: en al menos tres municipios fue necesaria la mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense para dar marcha atrás con medidas anunciadas por los jefes comunales que generaron la reacción de los sindicatos municipales.
Uno de ellos es el caso de Tres de Febrero, donde el intendente cambiemita Diego Valenzuela anunció un recorte de los salarios del 5% para aquellos trabajadores municipales que percibían un sueldo de hasta 30 mil pesos. De la misma forma, el decreto 324/20 lo hacía con el 10% para los empleados que cobraban hasta 50 mil. Para este último grupo, el intendente también dispuso la eliminación de las bonificaciones por presentismo y antigüedad, así como la suspensión del pago de horas extras, excepto aquellas referidas para los trabajadores del área de Salud, considerada “esencial”.
La medida fue rechazada por el ministerio de Trabajo que encabeza Mara Ruiz Malec, quien también tomó intervención en el municipio de La Plata que conduce Julio Garro que, un día antes del aislamiento decretado a nivel nacional, había despedido a 47 trabajadores. La marcha atrás en la medida tras el dictado de la conciliación obligatoria puso paños fríos a la relación municipales / gobierno local.
En Tigre, en tanto, el Intendente Julio Zamora dispuso, a horas del día del trabajador, una rebaja salarial del 22% a los trabajadores municipales por la quita de la productividad, presentismo y salario familiar. Para los empleados destajistas (modalidad precaria de contratación para aquellos del área deportista que tiene menos de 12 horas semanales), la reducción en sus haberes fue del 100%. Además 16 trabajadoras municipales del área de género, infancia y salud fueron despedidas telefónicamente.
La intervención nuevamente del Ministerio de Trabajo y los sindicatos permitió dar marcha atrás con estos anuncios, pero en todos los casos los trabajadores municipales miran con preocupación lo que puede pasar en mayo.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales, Rubén “Cholo” García, titular además de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), indicó a Informe Político que “algunos intendentes pretenden sacar ventaja de esta situación. Hay intendentes de Cambiemos que empezaron a hacer lobby diciendo que no iban a poder pagar los sueldos de marzo, cuando hacía 10 días que había empezado la pandemia”. Y además agrega: “Muchos de estos intendentes que pedían ayuda económica tenían plazos fijos que eran el equivalente a entre dos o cuatro jornales de los trabajadores”.
En efecto una de las principales premisas del Gobernador Kicillof en las reuniones mantenidas con intendentes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fue la “solidaridad”: hay intendentes que podían absorber el pago de los salarios con fondos propios mientras que otros municipios iban a necesitar de la asistencia. De esos encuentros se determinó que eran 109 de los 135 los que necesitaron de fondos provinciales especiales.
El Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, con fondos provinciales y nacionales asistió a 61 distritos gobernados por el Frente de Todos y 48 comandados por Juntos por el Cambio.
En Bahía Blanca, por ejemplo, Héctor Gay anunció el desdoblamiento del salario, hecho que despertó un fuerte rechazo por parte de los trabajadores estatales de esa ciudad. La medida fue acompañada, además, del anuncio de un recorte del 30% de los salarios políticos del propio intendente y su gabinete. Horas después, Osvaldo Dinápoli, el intendente de General Belgrano, también se sumó al pago desdoblado.
Ante esta situación, el propio gobernador les ofertó créditos a tasa cero que el Banco Provincia puso a disposición de los municipios para el pago en tiempo y forma de los salarios, alternativa de la que también hizo uso el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca.
“En todos los casos hemos dicho que se tiene que pagar en tiempo y forma”, sostiene “Cholo” García, quien destaca además el rol del estado nacional y provincial en atender estos reclamos. Y hace una salvedad: “Necochea es el único que viene pagando desdoblado desde la anterior administración, con cinco días de diferencia entre cada pago. Nuestros sindicatos conocen la realidad de cada municipio”. En este caso, el intendente es Arturo Rojas, del Partido Fe dentro de la Alianza Cambiemos, al igual que su par de San Pedro Cecilio Salazar, uno de los que también recibió la ayuda provincial para el pago de los salarios.
Con caídas en la recaudación superiores al 60%, la expectativa está dada en qué pasará en los primeros días de junio. Muchos son los intendentes del Conurbano con espaldas que pudieron hacer frente a este sueldo. “Esperamos contar con fondos provinciales para mayo”, sostienen por lo bajo.
Mientras tanto, Kicillof prepara un paquete de leyes tendientes a brindar ayuda a los municipios y otras de índole social en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus, y que deberán pasar por la legislatura, próxima a sancionar prontamente.
Entre las propuestas de Kicillof se destaca la ratificación de los decretos que declararon las distintas emergencias y la delegación de competencias para prorrogarlos mientras dure la pandemia.
También, un proyecto que busca extender a 18 meses el plazo de devolución de los préstamos otorgados a municipios por el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, permitiendo que superen el ejercicio fiscal y otro que pretende eximir por lo que resta del año a los distritos de de usar el Fondo Educativo en un 40 o 50% -según el municipio- para obras de infraestructura.
De igual modo, el mandatario busca suspender algunos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, “que obstaculizan el otorgamiento de beneficios a municipios que no adhirieron o que no cumplen con las exigencias de esa norma”.
A la vez, se propiciará desde el Gobierno “reducir de un mes a 15 días el plazo mínimo para pagar los certificados de obras de infraestructura de salud por Covid-19 con el objetivo de agilizarlas” y que se sancione una propuesta vinculada a impulsar la regularización de los geriátricos y el control de estándares mínimos durante la pandemia.
Kicillof también presentará una iniciativa de adecuación normativa “para la mejor aplicación en la provincia del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) nacional sobre suspensión de desalojos por un año”.
