Un caso testigo es el Sindicato de Industrias Químicas de Salta. Algo similar ocurre en San Luis. El rol clave de Claudio Aquino y la poderosa Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
Una avanzada del gobierno nacional sobre algunos sindicatos del interior del país está generando revuelo en el sector. La operación consiste en anular elecciones gremiales, enviar interventores, vaciar las cuentas bancarias y convocar a nuevas elecciones.
Quien lleva adelante la operación es Claudio Aquino, un funcionario que tiene a su cargo la poderosa Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS). Aquino llegó al gobierno en febrero de la mano de las corporaciones empresarias y es conocido en el mundo gremial por sus fuertes críticas al modelo sindical argentino.
La maniobra es cuanto menos llamativa, toda vez que Aquino parece operar ajeno a la ministra Sandra Pettovello, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Es que tanto el ministerio como la secretaría emitieron dictámenes en los que exigen cesar la intervención de Aquino, un funcionario que pareciera no tener jefes en el gobierno libertario.
Un caso testigo es lo que ocurre con el Sindicato de Industrias Químicas de Salta donde hubo elecciones en marzo del año pasado. Según pudo saber LPO, los distintos sectores lograron consensuar una lista única que no tuvo impugnaciones. Le siguió la elección donde tampoco hubo impugnaciones. Incluso lograron que el ministerio de Trabajo emita un certificado de autoridades.
Pero pronto surgieron diferencias con la Federación de Sindicatos Químicos. Desde allí consiguen que intervenga Aquino quien meses después determinó la nulidad de las elecciones y designó tres interventores que metieron mano a las cuentas bancarias del sindicato transfiriendo a la federación unos 50 millones de pesos.
La trama que lleva adelante la intervención parece responder a un mismo patrón: anular una elección legítima, designar interventores, vaciar las cuentas del sindicato y llamar a nuevas elecciones para quedarse con el control del gremio.
Pero además, Aquino avaló una nueva convocatoria a elecciones que desde el sindicato aseguran que es ilegal toda vez que se convocaron sin publicar el correspondiente edicto, pero fundamentalmente se llamó a la elección estando pendiente de resolución un recurso jerárquico dentro del ministerio de Capital Humano, de donde depende la secretaría de Trabajo.
«Nunca nadie, jamás, impugnó la elección en tiempo y forma. Nunca nadie, jamás, impugnó el acto de otorgamiento del certificado de autoridades», argumenta Sergio Aybar, secretario general del gremio en un recurso presentado al gobierno en marzo de este año y al que LPO pudo tener acceso.
«¿Existe algún antecedente de una asociación sindical cuya elección haya sido anulada un año después, sin petición de parte, sin vicio alguno identificado por los veedores y luego de haberse otorgado el certificado de autoridades?», agrega.
A mediados de mayo, un dictamen de la ministra de Capital Humano, establece que la intervención debe correrse y devolver el control del sindicato a la comisión directiva electa. Sin embargo, Aquino decide mantener a los interventores quienes convocaron a una elección para el 6 de agosto.
En el mundo sindical se sabe que los interventores son quienes controlan todos los resortes de una elección. Los más importantes son el padrón electoral y la Junta Electoral.
Desde Salta denunciaron tres transferencias millonarias realizadas durante la intervención de Aquino. Una por $14 millones, otra por 4,5 millones, y una tercera por 9 millones, también a la Federación enfrentada al gremio.
El 8 de julio, el secretario general del Sindicato de Industrias Químicas de Salta presentó una denuncia por «desapoderamiento» y «vaciamiento» del gremio por parte de los interventores. En el texto consignó una transferencia por 14 millones de pesos realizada el 12 de junio a la cuenta de la Federación de Sindicatos Químicos. Una segunda transferencia realizada el 14 de junio por 4,5 millones. Y una tercera el día siguiente por 9 millones, también a la Federación. Pero días después las transferencias continuaron y llegan a 50 millones de pesos.
Desde el ministerio de Capital Humano le pidieron a Aquino que frene las elecciones del 6 de agosto en Salta, que remueva a los interventores y que reconozca la legitimidad de la Comisión Directiva.
El problema es que desde la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, Aquino, desconoce el poder del secretario de Trabajo. Incluso desconoce las indicaciones de la propia Pettovello. «Mis jefes están en otro lado», dice.
El cargo de Aquino es clave. Desde allí se ejecuta la emisión de certificaciones de autoridades, validación de elecciones, firmas de personerías e inscripciones gremiales, encuadres sindicales, congreso y procesos de elecciones.
El caso puntano
Algo muy similar está ocurriendo con el Sindicato Químico de San Luis. Con algunas variaciones, la trama parece responder a un mismo mecanismo: 1- Anular una elección legítima. 2- Designar interventores. 3- Vaciar las cuentas del sindicato sin argumento alguno. 4- Llamar a nuevas elecciones para quedarse con el control del sindicato.
En el caso de San Luis hubo elecciones con dos listas. El proceso eleccionario se realizó sin inconvenientes e incluso hubo un informe de veedores de la cartera de Trabajo que sostiene que la elección se realizó en paz.
Sin embargo, meses después se anuló la elección y ahora se busca avanzar con una intervención al gremio.
La actividad del sindicato queda en un limbo. No puede avanzar con elecciones de Junta Interna en las empresas y no puede sentarse a negociar con la provincia porque los funcionarios de Claudio Poggi sostienen -con razón- que la elección fue nulificada.
