Ajuste y crisis en Azul: los trabajadores municipales en pie de lucha por el decreto de emergencia
A través de un decreto, el intendente de Azul, Nelson Sombra, declaró la emergencia administrativa, económica y financiera del municipio. Los trabajadores municipales insisten en que no deben ser ellos quienes paguen las consecuencias de una crisis que no provocaron, y esperan que el jefe comunal recapacite antes de que la situación se agrave aún más.
El despiadado ajuste del gobierno nacional afecta a todos, y el recorte de fondos a las provincias repercute directamente en los municipios. Partidos como Almirante Brown, Azul, Berisso, Chascomús, Lomas de Zamora, Necochea y Villa Gesell han declarado la emergencia alimentaria. Sin embargo, el intendente de Azul fue más allá y, a través de un decreto, declaró la emergencia administrativa, económica y financiera del municipio.
El decreto, compuesto por 25 artículos, tiene como objetivo «la reducción y optimización de gastos y recursos para lograr un adecuado equilibrio económico y financiero de la Comuna, adecuando los gastos a los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos». Entre las disposiciones, Nelson Sombra, alcalde de Azul, decidió reducir la carga horaria de los empleados municipales a 40 horas semanales, suspender las horas extras y facultar a la Dirección de Recursos Humanos para reubicar al personal. Estas disposiciones han generado un profundo malestar entre los trabajadores, que se declararon en estado de alerta y se movilizaron por las calles de la ciudad.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA), Luciano Varela, sostiene que la confrontación con el intendente recién comienza, ya que Sombra se muestra intransigente: «El intendente municipal ha dicho que no puede retroceder en nada, y después de un largo rato de discusión no se llegó a ningún acuerdo. Nuestra propuesta es discutir los alcances del decreto en reuniones, pero pedimos que mientras se suspendan los tres artículos que perjudican a los trabajadores, para llevar tranquilidad a los compañeros y analizar las modificaciones con calma», expresó el dirigente en diálogo con Política y Medios .
Desde el Ejecutivo local se justifican las medidas. Azul es una ciudad que ha venido retrocediendo económicamente desde hace décadas. Empresas como Sudamtex, San Lorenzo, los frigoríficos exportadores de liebres, Novotermix, la Curtiduría Piazza y Fanazul, que alguna vez le dieron fortaleza industrial, son ahora solo recuerdos. Los parques industriales han quedado como terrenos loteados. En Azul no hay capacidad para abastecer de energía eléctrica a una gran empresa. En este contexto, Azul es similar a muchas otras ciudades pequeñas y medianas del interior bonaerense, cuya economía depende exclusivamente de la producción agroganadera y donde la principal fuente de trabajo termina siendo la municipalidad.
Es por eso por lo que cualquier medida que afecte a los trabajadores municipales tiene un fuerte impacto en la comunidad. Más aún cuando se pone en riesgo el funcionamiento de los hospitales, como ocurrió inicialmente con el recorte de la carga horaria. La crisis en el sistema de salud llevó a que los directores de los hospitales de Azul, Cacharí y Chillar presentaran sus renuncias, las cuales fueron rechazadas por el intendente, quien también mantuvo en su cargo al secretario de Salud, Hernán Combessies. El pasado viernes se logró destrabar parte del conflicto, y esta semana los hospitales operan con normalidad.
En conferencia de prensa, el director del Hospital de Azul, Diego Azcona, señaló: «Se lograron una serie de reconocimientos y cambios respecto a la situación de la semana anterior. Fue una tarea de común acuerdo que llevamos a cabo con el Ejecutivo. Algunas excepciones al decreto ya se han dado, y actualmente estamos trabajando en otros puntuales, donde hay una negociación y una puerta abierta», explicó.
Esa misma semana, 500 trabajadores del hospital se movilizaron al palacio comunal en rechazo al decreto impulsado por el intendente. En ese marco, la enfermera Patricia Estanga recordó a las autoridades: «¡Nos pusimos la pandemia al hombro cuando nadie quería entrar a la sala por miedo! Y hoy, después de tanto esfuerzo, me castigan recortando mi sueldo, sólo por pertenecer a enfermería. ¿Por qué? ¿Con esto creen que van a solucionar la situación económica del municipio?”
Al momento de declarar la emergencia, Sombra sostuvo: «Tenemos una crisis económica, financiera y administrativa en el partido de Azul. Es un déficit estructural que lleva mucho tiempo y que, por supuesto, se ha agravado por las políticas económicas nacionales». Explicó que actualmente el 70% de los fondos del municipio provienen de la provincia, y el 30% son de origen municipal. Al 31 de julio de este año, las remuneraciones del personal municipal representan el 70% de esos fondos, la recolección y barrido el 10%, y otros servicios el 20%.
Luciano Varela, en representación de los trabajadores, replicó: «A diez meses de haber asumido la gestión, el intendente presentó un presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante, con gastos y recursos que deberían haber previsto esta situación. El municipio no puede entrar en crisis financiera de un día para otro. ¿Cómo es posible que, tras realizar obras, ingresar nuevos empleados y adelantar el pago de salarios, ahora se declara una emergencia económica sin previo aviso?
Los recortes salariales asociados a la reducción horaria implican descuentos de entre 100 mil y 150 mil pesos, afectando salarios que en algunos casos apenas superan los 600 mil pesos. Esta situación, en medio de una crisis económica nacional, ha llevado al gremio a una audiencia en el Ministerio de Trabajo este jueves, tras la cual se decidirá si se profundizan las medidas de fuerza. Cuentan con el apoyo de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia, y gremios importantes como el de Bahía Blanca que podrían sumarse a una marcha.
“El recorte salarial afecta a 1.100 trabajadores, y 1.800 están a disposición de Recursos Humanos”, informó Varela.
“He tomado estas medidas vinculadas al personal municipal para evitar despidos en este contexto tan complejo, garantizar los servicios que tenemos, recuperar la confianza de los contribuyentes, y sostener, aunque más limitada, una masa asalariada cuyos ingresos se vuelcan en la economía local”, argumentó el intendente.
Aunque Sombra ha hecho algunas excepciones en hospitales y hogares de ancianos, los sindicatos siguen exigiendo la derogación de los artículos que afectan a los municipales y la apertura de una mesa de diálogo sin condicionamientos. Mientras tanto, continúa la retención de tareas.
El decreto también incluye un programa de reducción de gastos, que contempla el congelamiento y rebaja del 15% de los salarios de los funcionarios políticos, la disminución del sueldo del intendente en un 30%, la suspensión de viáticos, la reducción del 20% en la compra de bienes y servicios, la revisión de contratos de obras y la consolidación de deudas con proveedores.
En el medio de las negociaciones, también quedó pendiente el pago del 4,6% de aumento salarial acordado con anterioridad, el cual se encuentra retrasado por dos meses.
Los trabajadores municipales insisten en que no deben ser ellos quienes paguen las consecuencias de una crisis que no provocaron, y esperan que el intendente recapacite antes de que la situación se agrave aún más. El intendente está convencido de que esta es la única solución. Entre ambos, el único mediador posible es el diálogo.
