“La emergencia sanitaria que nos toca vivir nos ha puesto a los trabajadores municipales en una situación delicada”, dijo García tras denunciar rebajas salariales, e intentos de suspensiones y despidos en diversas localidades a pesar de la prohibición establecida por el gobierno nacional y que acaba de extenderse por 60 días más. Sumado a esto afirmó que “en muchas provincias los salarios son una vergüenza”: “En varios departamentos de Jujuy, por ejemplo, los trabajadores municipales cobran 4 mil pesos, en Córdoba el intendente a través de una sesión virtual le rebajó el sueldo a los trabajadores en un 35%. Cuando los compañeros se enteraron e intentaron protestar, 17 de ellos terminaron procesados por romper la cuarentena”.
“Es una práctica desleal que se repite en varias localidades, también de la provincia de Buenos Aires, con rebajas del 20% y del 30%. En Mar del Plata el Sindicato decretó el Estado de Alerta y Movilización también por un intento de rebajar los sueldos el mes próximo”, enumeró. “En ese sentido fuimos muy claros con el ministro Moroni, porque conocemos la temática, conocemos la plata que envía Nación como coparticipación a las provincias y estas a los municipios y en los municipios no llega a los trabajadores”, remarcó.
En esa línea expresó que gran parte de la problemática pasa por la cuestión salarial, ya que los sueldos estandarizadamente se componen por cifras en negro, que no solo van en detrimento de los aguinaldos y las jubilaciones sino que además desfinancian las cajas previsionales. “La mayoría de los municipios paga en negro, con bonificaciones, con horas extras que no computan para el IPS ni para la obra social”, dijo.
En ese sentido alertó sobre el caso de la provincia de Buenos Aires, con jubilaciones compulsivas durante la anterior gestión: “Durante el gobierno de María Eugenia Vidal 80 mil agentes fueron jubilados compulsivamente, que fueron reemplazados por monotributistas que no computan ni al IPS ni al IOMA”, denunció.
“Entonces estamos ante una práctica desleal y fraude laboral en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires y eso que tenemos la ley 14656 que le dio un marco de legalidad a la relación entre el municipio y el trabajador”, completó. De acuerdo con un estudio del área de Estadísticas de Fesimubo, durante este proceso, que se encamina también a una denuncia judicial, la ecuación entre trabajadores activos y pasivos bajó drásticamente del 3,9% al 2,7%. “Por eso hemos pedido una audiencia a la Ministra de Trabajo, donde esperamos que también participe el presidente del IPS porque tenemos un estudio muy completo sobre la desfinanciación que sufrió la Caja de la provincia a causa de los salarios en negro”, remarcó.
Convenio con ANSES
En esa línea García también se refirió al acuerdo del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el titular del ANSES de un desembolso de 6 mil pesos para compensar el déficit del IPS y que para algunos sectores supone un principio para la armonización de ambas cajas previsionales. “No creo que ideológicamente el gobernador trate de armonizar nuestra Caja, que es la mejor Caja de la República Argentina, por un tema financiero”, dijo y aclaró: “De hecho lo que se ha acordado es plata que le debe el ANSES al IPS y por la cuenta que lleva el gobierno de la provincia y nosotros, el ANSES todavía le debe 30 mil millones de pesos al IPS por el traspaso de docentes nacionales a la órbita de la provincia que se dio en 2016 (Ley 14.255)”.
“Es una cantidad importante que tendrían que aportar los municipios por los pagos en negro que recibimos los trabajadores municipales que no sirven para nada porque reciben una bonificación por ejemplo por productividad, que es una caratula que han puesto en gran parte de los municipios, o bonificaciones especiales que no computan para el aguinaldo y son sumas importantes”, alertó.
En ese sentido destacó el caso de Tigre, donde el intendente le quitó unilateralmente el ítem por productividad. “Lo denunciamos y lo tuvo que devolver porque iba en contra del Decreto presidencial. Ese ítem, que en este caso es de 7 mil pesos, no aporta ni al IPS ni al IOMA y cuando el trabajador cobra el aguinaldo lo hace sobre el básico nada más. Eso se llama fraude laboral”, agregó. En tanto sostuvo que estas cifras son instrumentadas como “herramienta disciplinadora sobre los trabajadores”.
En tanto, el también titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, se refirió a los despidos en la capital provincial y alertó que habrá denuncias penales para aquellos intendentes que violen la normativa vigente. “En La Plata el intendente despidió a 47 trabajadores del call center, y no acató la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. Los compañeros ahora están haciendo una olla popular y la medida que estamos instruyendo a nuestros sindicatos federados es la acción penal ante la Justicia para aquellos funcionarios que no cumplan con las leyes y decretos, porque estamos cansados de los intendentes que se creen emperadores con sus propias leyes”, apuntó.
Para finalizar, sostuvo que la reunión con el ministro de Trabajo sobre la creación del Consejo Nacional del Trabajo Municipal Decente, fue “muy positiva”: “Coincide que tiene que haber una mesa nacional en este sentido pero estamos en una situación de pandemia, va a ser a futuro entendemos que no puede ser ahora pero es necesario que estén representados los intendente y los gremios resolviendo este problema”, concluyó.
