Estatales denuncian que la entidad está al “borde del colapso”, por la millonaria deuda que dejó la gestión anterior. Un grupo de afiliados denunció que al menos 23 afiliados murieron por negligencias en la entrega de medicamentos y otros insumos. Los municipales adelantaron que llevarán a la justicia penal a la ex gobernadora por la situación dejada en la obra social.
Apenas asumió su cargo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, denunció que la gestión de María Eugenia Vidal se quedó con millonarios fondos del IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses. En concreto, el funcionario habló de unos 7.400 millones de pesos que debían ser parte de las arcas del organismo, pero que fueron girados al Tesoro provincial, y que al parecer se usaron en otras áreas. Sin estos recursos, la entidad que atiende a más de 2 millones de estatales tuvo serias dificultades para cumplir con las prestaciones.
De hecho, durante la gestión de Cambiemos hubo varias denuncias por cortes en la atención de los trabajadores, que denunciaron el “vaciamiento” de su obra social. Con el cambio de autoridades, los gremios y afiliados apuntaron a la mala administración de Vidal y sus funcionarios, que generó al menos 23 muertes por carencias en la atención. Así lo afirmó un grupo de damnificados formado hace un tiempo, que llevó sus reclamos a los nuevos funcionarios. Por esta y otras situaciones, la federación de trabajadores municipales anunció que podría denunciar penalmente a la ex mandataria. “El IOMA está al borde del colapso”, advierte.
La crisis en la obra social provincial se remonta al inicio de la gestión de Vidal, y se acrecentó en los últimos años. La deuda con los prestadores, los constantes cambios en los contratos con los profesionales o la falta de cobertura en todo el territorio fueron problemas contantes durante la pasada gestión. Algunos casos se volvieron emblemáticos, como el de la docente del distrito de Lomas de Zamora Gabriela Ciuffarella, quien falleció en febrero de 2018 esperando que el IOMA le entregue los medicamentos necesarios para tratar su cáncer de médula ósea.
Como este, hubo muchos casos donde los tratamientos llegaron tarde, o fueron negados por mucho tiempo. A partir de esto se formó un grupo, denominado “Víctimas y familiares de violencia institucional por parte de IOMA”, que comenzó a recopilar información, y a denunciar la falta de atención. La semana pasada, el grupo se reunió con el nuevo titular del organismo, Homero Giles, a quien le presentó pruebas de estos casos. Según le confirmaron a Gestión Sindical fuentes de la entidad, este grupo entregó al menos “23 expedientes de afiliados muertos por negligencia en la atención”.
En la reunión, se entregaron pruebas sobre varios casos similares al de la maestra lomense, como el de una menor con epilepsia refractaria que no fue atendida debidamente, o el de la joven Ludmila Torres, que necesitaba rehabilitación tras un grave accidente.
Los gremios estatales vienen alertando sobre los problemas que existen en el IOMA, y reclamando una solución a los problemas planteados desde hace años. Pero los trabajadores comunales quieren ir más allá, y llevar a la ex gobernadora ante la justicia por la mala administración de los recursos de la obra social.
En breve, la Federación de Sindicatos de Municipales bonaerenses (FeSiMuBo) denunciará penalmente a Vidal y al ex titular del IOMA Pablo Di Liscia. Así se lo adelantaron a Gestión Sindical desde la entidad, que aseguran que existió en este tiempo “una mala administración” de los recursos de los trabajadores, que derivaron en la crisis de la atención de millones de afiliados. “Los abogados están terminando de recolectar información y de analizar ese material, pero creemos que hay posibilidad de llevar ante la justicia penal a los ex funcionarios”, agregaron las fuentes consultadas.
Si bien no está definido, la FeSiMuBo intentaría que sean imputados por “administración fraudulenta”. Además de Vidal y Di Liscia, la entidad apunta al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Christian Gribaudo, por la jubilación forzada de unos 80 mil trabajadores, que generan un grave problema en las arcas de esta entidad.
La crisis en el IOMA podría dejar sin atención a millones de estatales, ya que muchos prestadores limitan la atención porque la deuda que mantiene el organismo se vuelve insostenible. Uno de los casos más dramáticos es el de las farmacias bonaerenses, que aseguran que no reciben pagos de la entidad desde septiembre del año pasado. En breve se vencerán los plazos de pago de octubre y noviembre, y por el momento no hay respuestas de las nuevas autoridades. “Llamativamente se dejaron de pagar las facturas al otro mes de que el gobierno perdió las elecciones.
Con este pasivo corre serio riesgo la provisión de medicamentos para los estatales bonaerenses”, admitió un dirigente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de Gestión Sindical, que admitió que en muchas localidades ya se cortó la dispensa con descuentos. Lo mismo sucede con los laboratorios de análisis clínicos, que recurren al sistema de reintegros por la deuda, es decir, los pacientes pagan las prestaciones y luego deben pedir a la Provincia que les devuelva ese monto. En cuanto a los médicos, en 2019 varias veces amenazaron con romper el contrato vigente, en desacuerdo con el valor de los bonos –que son parte de su remuneración –y de la falta de acuerdo por la deuda asumida por la entidad.
Además de los 23 casos extremos presentados a Giles por parte del grupo de víctimas, los gremios negocian con las nuevas autoridades salidas a esta situación de crisis. Esta semana, la vocal del directorio del IOMA Paula Espiño –representante del gremio SUTEBA –participó de una cumbre con Homero Giles, para analizar el aumento anunciado por la federación médica FEMEBA.
El gremio docente pidió que “se agilicen las vías administrativas de reintegro inmediato y se apliquen las sanciones por incumplimiento de convenio”. Además, para buscar dar respuesta a estas inquietudes, la conducción del IOMA anunció que habilitaron las denominadas “mesas técnicas de trabajo”, con el objetivo de revisar los convenios en un plazo no mayor de seis meses, y aseguraron que la entidad “no reconoce los aumentos aplicados”.
