El gobernador convocó a discutir la disparidad de ingresos de trabajadores que llegan a percibir $25 .000 mensuales. Estrategia con intendentes.
El salario de los trabajadores municipales se convertirá en este verano en un eje de la agenda informativa y en un dato clave para la campaña electoral. El Gobierno bonaerense convocará el mes próximo al Consejo del Empleo Municipal como hito inicial de un proyecto que busca equiparar los sueldos en una actividad que registra disparidades como ningún otro, con intendencias que llegan a pagar $200 mil a sus empleados y otros que apenas abonan 25 mil pesos mensuales. El dato cobra relieve electoral si se tiene en cuenta que sólo en la provincia de Buenos Aires hay al menos 200 mil trabajadores municipales registrados (el número se dispara si se toman los que desarrollan las mismas tareas pero en condición de monotributistas o cooperativistas) y que en todo el país superan largamente el millón de asalariados.
La convocatoria tomó forma el 29 de diciembre durante una reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense con la participación de los representantes sindicales del empleo municipal y de legisladores provinciales. Allí estuvieron dirigentes de las dos federaciones de trabajadores más representativas en la provincia, Fesimubo y Fstmba, de los gremios estatales UPCN y ATE, y de la CTA de los Trabajadores. A ellos el ministro Walter Correa les transmitió la decisión del gobernador Axel Kicillof de impulsar en febrero la primera convocatoria al Consejo Consultivo creado por la Ley 14.656 que fue promulgada en 2016 y que hasta ahora nunca se había puesto en vigencia.
El llamado para el mes que viene busca instalar en la agenda política un anhelo de los gremios ligados a la actividad: la creación de una única paritaria (provincial y eventualmente, nacional) destinada a fijar un piso salarial para los trabajadores en espejo de lo que sucede con la negociación docente. O bien, como fija el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con un piso de ingresos que ningún empleador puede vulnerar.
Si bien a los trabajadores municipales les asiste el derecho consagrado en la legislación laboral nacional y en la propia Ley 14.656, que prohíben pagar sueldos por debajo del salario mínimo, en los hechos e calcula que más de la mitad de los intendentes bonaerenses elude esa imposición y no sólo abona menos sino que también utiliza mecanismos de fraude laboral para cubrir puestos de trabajo mediante el uso de monotributistas o cooperativistas sin estabilidad y con menos coberturas legales.
Preocupación
La problemática había sido admitida desde el arranque de su gestión por la ministra de Trabajo nacional, Raquel “Kelly” Olmos, y mencionada en varias oportunidades por el diputado Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, y por el propio Alberto Fernández. Pero trepó en la preocupación del oficialismo tras constatar la posibilidad concreta de un revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión del peronismo y de vital importancia para el resto del mapa nacional.
Parte de los convocados el 29 de diciembre se pronunció a favor de la sanción de una ley de paritarias nacionales para el empleo municipal. Se trata de un remedio de fondo pero que demandaría un acuerdo legislativo con la oposición y del alineamiento de intendentes de todo el país, incluso de muchos del oficialismo que también abonan sueldos que no llegan a cubrir siquiera la canasta de indigencia. Las federaciones sindicales y el propio Ejecutivo bonaerense suelen advertir que, en lugar de jerarquizar los salarios de sus trabajadores, los intendentes suelen priorizar el depósito en plazo fijo de hasta tres y cuatro presupuestos.
La dificultad de esa alternativa motivó que Correa y parte del Gabinete de Kicillof se convencieran de la posibilidad de impulsar una solución transitoria pero destinada a tener incidencia inmediata en los ingresos de cientos de miles de trabajadores: la incorporación de los municipales como un capítulo del Consejo del Salario Mínimo para establecer el piso de ingresos general para esa actividad.
En la actualidad, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en 75 de ellos se logró la implementación de un convenio colectivo de trabajo específico, en general con la premisa de no abonar sueldos por debajo del salario mínimo. Eso no quita el uso de los otros mecanismos cuestionados por los gremios, como el monotributo o el cooperativismo. Mientras que en otros cuatro intendencias el empleo local se rige por ordenanzas municipales que, al depender de debate previo en los respectivos Concejos Deliberantes, suelen garantizar un piso de derechos. En tanto que en 56 municipios está vigente el denominado “régimen residual” que les permite el máximo grado de discrecionalidad a los jefes comunales respecto del pago de sueldos.
En la cartera laboral bonaerense admiten que de unos 300 conflictos laborales anuales que deben administrar cerca del 90% remite a los salarios municipales. “En el conurbano tenemos sueldos promedio de 85 mil pesos y en el interior de la provincia se paga mejor. ¿Por qué? Porque en las ciudades chicas es más difícil esconder a los ñoquis”, advirtió a este diario Rubén “Cholo” García, secretario general de la Fesimubo. El dirigente valoró la instancia de convocatoria al Consejo pautada para febrero y le dijo a Ámbito que “aunque no sea vinculante su resolución, va a marcar un lineamiento que será clave”.
