Intendentes congelan nombramientos y recortan horas extras. Paritarias sin reabrir y presión al gobernador. Alerta y marcha a la Casa de la Provincia.
LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Las complicaciones para hacerse de insumos básicos y las obras paralizadas a la espera de una redeterminación de precios son problemáticas transversales a todas las comunas en medio de la crisis económica. Pero el impacto más sensible se registra sobre los salarios de quienes le ponen el cuerpo a la operatividad diaria de las gestiones locales, las trabajadoras y trabajadores municipales que han activado numerosos pedidos de reapertura de paritarias. La razón es sencilla: el primer semestre consumió el porcentaje que, a inicio de 2022, habían acordado para todo el año. Mientras tanto, en algunas administraciones comunales ya atendieron a esa solicitud y rubricaron nuevos acuerdos, pero, en otras, más allá de la discusión salarial, se hicieron eco del congelamiento de nuevos ingresos a la planta estatal que había impulsado Silvina Batakis en su breve lapso por Economía y que ratificó el superministro Sergio Massa.
En General Lavalle, el intendente José Rodríguez Ponte (UCR) decidió restringir los nuevos ingresos y nombramientos en la planta permanente municipal, habilitando a incorporar personal solo “cuando sea estrictamente necesario e indispensable”. Además, solicitó a sus secretarios que realicen un “permanente control en el otorgamiento de horas extras al personal”. En Carlos Casares, Daniel Stadnik (FdT) decretó “la prohibición de nuevos ingresos a la planta municipal”. En Lanús, Néstor Grindetti (PRO) anunció, entre otros recortes, la suspensión de la creación de nuevos cargos políticos y modificación del organigrama que implique un incremento al presupuesto aprobado para el año 2022.
Consultado sobre la razón del congelamiento de nombramientos, el titular del Foro de Intendentes bonaerenses de la UCR, Miguel Fernández (Trenque Lauquen), explicó a Letra P que se debe a que de eso “depende la subsistencia del municipio”. “Nosotros no tenemos mecanismo de compensación alguno, no fabricamos billetes ni le podemos pedir plata al Presidente; los municipios son los primeros que saben que la planta de empleados municipales puede crecer solo si tienen los recursos y la fundamentación muy sólida para dar más servicio. No tenemos ninguna posibilidad de poner planta municipal”, dijo.
A Rubén García, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), lo que más le preocupa es que no se efectivicen los pases a planta acordados. En diálogo con Letra P, recordó a modo de crítica que “los intendentes tienen amplias facultades para tomar gente y después dicen que no les alcanza el presupuesto para pagar”.
En el plano salarial, García hizo hincapié en la negativa de muchos jefes comunales a llamar a paritarias, razón por la cual la federación que encabeza se declaró en estado de alerta y movilización, avisó que plantará protestas en los municipios donde no sean atendidas las peticiones de renegociar salario y reiteró que marcharán el próximo 30 de agosto a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, para reclamarle al gobernador Axel Kicillof que convoque al Consejo Provincial del Empleo Municipal (contemplado en la ley que lo regula) a los fines de sentar a la flota intendentista a discutir salario y condiciones de trabajo.
El dirigente recordó que hay salarios básicos de $13 mil y sueldos conformados de $52 mil, un “salario de indigencia y pobreza en la gran mayoría y evasión al IPS”. Además, recordó que, en 2019, cuando le hicieron un informe al gobernador, el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS) solo en el tema municipal era de $7.300 millones, porque la mayoría de los municipios paga salarios con bonificaciones y no aporta al IPS, al IOMA (…) “no se discute en el marco de la ley y no hay un consejo donde plantearlo”.
García denunció que, pese a que el Gobierno nacional “mandó mucha plata” a la Provincia y esta, a los municipios, “la gran mayoría de los intendentes tienen dos y tres masas salariales en plazos fijos” mientras “los aumentos a los empleados municipales se dan sobre básicos de 13 mil pesos” y citó el ejemplo de Merlo; “no mueven el amperímetro” se quejó.
El llamado al consejo debe ser urgente, según García. “No sé si le tienen miedo a la discusión con los intendentes, no entiendo la negativa a discutir esta problemática. Después se quejan porque perdimos 4.700.000 votos”, disparó. El sindicalista dijo representar a 186 mil trabajadores y trabajadoras, entre quienes hay mucho monotributista que no se pueden afiliar a los gremios. La discusión no solo beneficiaría al trabajador, además, evitaría el déficit del IPS y el IOMA recaudaría más.
“Si la ley está vigente desde el 6 de enero de 2015 y de 135 municipios, solo se firmaron 70 convenios colectivos, quiere decir que todavía hay una concepción neoliberal en muchos municipios de todos los colores políticos. Decretamos el estado de alerta y movilización. El 30 de agosto vamos a convocar a una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con trabajadores activos y pasivos. El primer punto de reclamo al gobernador es el diálogo mediante el consejo consultivo para discutir las políticas municipales”, puntualizó García.
