“Los municipales no pedimos caridad, no pedimos favores, exigimos a un Gobierno peronista que haga efectiva la Justicia Social”, exigió la Fesimubo
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses anunció el estado de alerta y acordó una “gran movilización” aún sin fecha concreta. Exigen la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, el cual el Gobierno bonaerense se había comprometido a convocar durante el primer trimestre del 2023.
Pasada la mitad del 2022, las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires le comprometieron la palabra a los municipales que se haría efectivo el cumplimiento de la ley de paritarias, inherente a la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal.
Esto sucedió el 30 de agosto según recordó Rubén “Cholo” García, secretario general de la Fesimubo en el plenario realizado el pasado miércoles, en Avellaneda, y para el 29 de diciembre de 2022, el compromiso era que el funcionamiento del Consejo se perfeccionara durante el primer trimestre del año 2023, hecho que a la fecha, habiendo transcurrido todo el mes de abril, no ha sucedido.
El Consejo estipulado en el artículo 49 de la ley 14.656 sirve para que funcione una “gran negociación paritaria del Empleo Municipal, donde deben acordarse, por caso, urgentes políticas de corto y mediano plazo ante la gravosa situación salarial… pero también condiciones dignas de trabajo, el pase urgente a planta permanente, eliminación de la práctica de contrataciones transitorias como forma de vulnerar la Ley, entre otros tópicos”, explicaron desde la Fesimubo.
Ioma
Fortalecieron el reclamo sobre la “crítica situación” en la que “se encuentra I.O.M.A., con el agravante que la calidad deficiente de sus prestaciones repercute en forma directa en la salud y calidad de vida de las trabajadoras, trabajadores, jubiladas, pensionadas, jubilados y pensionados municipales y sus familias de toda la Provincia de Buenos Aires”.
Gestión Vidal
Más allá del reclamo hacia las actuales autoridades provinciales, encarnadas en la figura del actual ministro Walter Correa, el origen de las quejas comenzaron durante la gestión de la ex gobernadora bonaerense y actual legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
“Desde la desastrosa gestión de Vidal venimos denunciando la situación del IPS, demostrando que el déficit del Sector Municipal que atraviesa el Instituto, es como consecuencia de salarios de indigencia, la evasión y elusión de contribuciones por parte de los empleadores municipales, el pago de salarios en negro, la contratación de trabajadores y trabajadoras “monotributistas” y demás prácticas que hasta el día de hoy el Gobierno provincial y el IPS eligen tolerar pese, no sólo, al impacto directo en la situación financiera sino, y fundamentalmente, las indignas jubilaciones y pensiones que perciben nuestros jubilados y jubiladas municipales”, puntualizaron desde la conducción provincial de la federación gremial.