Sindicalistas kirchneristas y Grabois le marcan la cancha a Sergio Massa y piden un piso de aumento de $ 75.000 para todos los trabajadores.
«Las medidas que vamos a tomar van a ayudar a curar la lastimadura que genera la inflación. Las voy a anunciar cuando estén». Tajante, Sergio Massa esquivó ante Clarín los detalles del paquete de iniciativas para contener los efectos de la devaluación sobre el poder adquisitivo que prevé oficializar tras su reunión con el FMI en Washington el próximo miércoles.
Tampoco los funcionarios del Gobierno que trabajaron el fin de semana junto al candidato presidencial en la definición de las medidas quisieron soltar prenda. «No voy a dar detalles de la reunión», aseguró a este diario la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, una de las que participó de las conversaciones.
El anuncio de un aumento de suma fija para los trabajadores fue ratificado por el propio Massa como acto reflejo luego de su derrota electoral. Pero la incertidumbre sobre su alcance y características tras la devaluación post-PASO y su impacto directo en la suba de precios, realimentó la presión de las principales centrales sindicales, alineadas todas con su proyecto presidencial, por una compensación urgente para los salarios.
En ese escenario, la mayoría de los sindicatos del sector privado activaron en los últimos días la reapertura masiva de sus paritarias, gesto que también replicaron los gremios de docentes y estatales, mientras desde las organizaciones sindicales más cercanas al kirchnerismo salieron a marcarle la cancha a Massa sobre las condiciones de la implementación de una suma fija de emergencia.
Massa ratificó la suma fija tras la devaluación y su derrota en las PASO.
«Exigimos un aumento uniforme por suma fija no inferior a los $ 75.000 para todos los asalariados públicos y privados del país», planteó Hugo Yasky, el titular de la CTA de los Trabajadores y también diputado kirchnerista. Agregó un pedido de adelantar el pago de las cuotas de incremento del salario mínimo y una suba de emergencia para jubilados y beneficiarios de planes sociales. «Llegó el tiempo de demostrar que este no es un Gobierno con las manos atadas dispuesto a que lo pasen por arriba. Hay que avanzar ya con un paquete de medidas», advirtió
Su par de la CTA Autónoma y jefe de ATE, Hugo Godoy, se sumó al reclamo por la suma fija aunque fue un poco más allá en su demanda y pidió llevar a $ 100 mil el piso del beneficio. Hasta Juan Grabois, el hasta hace una semana adversario interno de Massa en la pelea por la candidatura presidencial de Unión por la Patria, se encolumnó con la misma presión.
La CGT marca distancia
Desde la conducción de la CGT, a su vez, apuntaron su acuerdo con la alternativa de un aumento de suma fija en el marco de la situación de emergencia, pero marcaron sus diferencias con el sindicalismo kirchnerista al rechazar la idea de establecer una suba uniforme y generalizada que funcione como reemplazo de la negociación paritaria.
Héctor Daer avaló la idea de una suma fija que analiza Massa, pero marcó distancia con la posibilidad de que sea generalizada.
«No nos oponemos a un esquema de emergencia siempre que se sostenga la libertad de las paritarias y que se defina un valor mínimo de ingresos a través de un bono variable» según las necesidades de cada sector, expresó ante Clarín Héctor Daer, miembro del triunvirato de conducción cegetista.
En la misma sintonía se manifestó el adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez, que habló de un aumento de suma fija «selectivo». «Si la suma significa atender categorizaciones salariales muy bajas, estamos de acuerdo siempre que sea sin interrumpir las paritarias», indicó el jefe de UPCN a este diario. Y admitió la necesidad de atender la urgencia de los trabajadores con salarios muy por debajo de la línea de pobreza, entre los que mencionó a los municipales.
Frente de conflicto con los intendentes
Justamente el anticipo de Massa de la implementación de una suma fija para los sueldos más bajos abrió un inesperado frente de conflicto con los intendentes y algunos gobernadores, cuyas administraciones concentran a la mayoría de los trabajadores formales de menores ingresos y deberían asumir un millonario costo fiscal para implementar la medida.
Según los últimos datos oficiales, se contabilizaron 3.429.784 asalariados en el sector público del total país. Unas 342.678 personas trabajan directamente en la administración nacional o en empresas y sociedades dependientes del Estado, con ingresos por encima de la canasta básica. Cerca de 2,3 millones de puestos corresponden al personal de los estados provinciales y alrededor de 700 mil trabajadores se desempeñan en los municipios, representando cerca del 20% del empleo público total.
El nivel de remuneraciones en el sector municipal en términos generales es el más bajo. Se estima que entre un 15% y 20% de esos trabajadores percibe ingresos inferiores al salario mínimo.
«En algunos municipios hay empleados con sueldos de $ 30 mil, incluso en la Provincia de Buenos Aires. Y hay intendencias que pagan salarios muy bajos que tienen millones de pesos en plazos fijos», se quejó semanas atrás Hernán Doval, el titular de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) tras participar de un encuentro con el ministro de Economía destinado a analizar la situación salarial de los trabajadores de la actividad.
