El Concejo Deliberante comienza a debatir el proyecto de Montenegro para prohibir los paros municipales
El expediente será analizado desde este jueves en la Comisión de Ambiente. El gobierno busca declarar esencial a toda la administración comunal. De lograrlo, quedarán prohibidos no solo los paros sino toda acción que “implique la suspensión o interrupción” de las actividades.
En una de sus apuestas más jugadas en el marco del conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el gobierno dará este jueves el puntapié inicial en el tratamiento del proyecto de ordenanza con el cual busca prohibir los paros en la administración pública municipal, a través de la declaración de “esencialidad” de todas las actividades de la comuna.
El debut se dará en la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante convocada para este 2 de mayo, precisamente un día después del Día Internacional de los Trabajadores, con un debate donde el oficialismo pondrá en tensión el derecho constitucional a la huelga. En la convocatoria girada este lunes a los siete integrantes de la comisión, su presidenta Florencia Ranellucci incorporó dentro del temario el expediente 1412/24 con el proyecto de ordenanza que apunta declarar “de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales”.
El proyecto fue formalmente presentado por Ejecutivo el 15 de abril, aunque el intendente Guillermo Montenegro lo había anunciado públicamente el viernes 12 de abril en su primera conferencia de prensa del año. Según el Artículo 2°, la declaración de esencialidad implica que los municipales “no podrán llevar adelante medidas que impliquen la suspensión o interrupción de las mismas”, por lo que no solo incumbe a los paros, sino también a otras medidas menos contundentes, como la retención de tareas. Incluso, hasta comprendería a acciones sindicales como las asambleas por sector en horario laboral.
Lejos de la celeridad con que se debatieron otros proyectos relevantes para el gobierno, como el caso de la Defensoría del Pueblo, en esta oportunidad el oficialismo convalidó un tratamiento a priori extenso del tema. Es que el expediente deberá pasar por cuatro comisiones, la de Ambiente, Educación, Salud -presidida por el kirchnerismo- y Legislación.
En el orden de lo político, una clave será el posicionamiento del bloque de la Unión Cívica Radical, desde donde al momento no se expresaron al respecto. La presidenta del Concejo Deliberante, la radical Marina Sánchez Herrero, estuvo presente en la conferencia de prensa donde Montenegro hizo el anuncio, aunque evitó dialogar con la prensa.
“Los empleados públicos por el solo hecho de ser empleados públicos tienen un privilegio, la estabilidad. El 90% del empleo en Mar del Plata es privado y eso significa que carecen de ese privilegio. Ese 10% de personas tienen un privilegio, que se lo deben a un derecho constitucional y tienen una responsabilidad y es que tienen que trabajar. Esto no tiene que ver con que no se pueda generar una discusión paritaria”, señaló Montenegro en aquella ocasión.
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— STMMGP (@MdpStm) April 19, 2024
«El derecho a huelga se contrarresta con la obligación de tu función y esto no quiere decir que son absolutos. Están enmarcados en un orden», insistió Montenegro sobre la, según su visión, consistencia legal de la medida.
Por su lado, el STM rechaza de plano la propuesta y focaliza en su presunta inconstitucionalidad, debido a que el Artículo 14° bis de la Constitución Nacional consagra el derecho a la huelga. “Una ordenanza no puede estar por encima de la Constitución Nacional” remarcan, donde además apuntaron que “ni Milei se animó a tanto”. La referencia es a que el DNU 70/23 buscaba limitar el derecho a huelga, estableciendo pisos de servicio que los trabajadores debían garantizar en ciertas actividades. En el caso de Montenegro, directamente se trata de una prohibición absoluta de la huelga, incluyendo a todas las actividades de la administración pública.
Desde el gremio también recuerdan que el título de la reforma laboral del DNU 70/23 se encuentra suspendido por la Justicia Federal, en lo que sería una jurisprudencia que marcaría una futura anulación de la ordenanza, en caso de ser sancionada. A esa lectura se suma el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que también aseguró que la iniciativa es «inconstitucional».
En tanto, según pudo saber 0223, desde los equipos legales encabezados por el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, ya trabajan en un escenario futuro de judicialización, diseñando la estrategia judicial de la defensa. Entre otros puntos, recuerdan que durante la pandemia el entonces presidente Alberto Fernández había declarado como esenciales a ciertas actividades de la administración pública y del sector privado, donde los trabajadores tenían permisos especiales de circulación.
El debate sobre la esencialidad se da en el marco de un fuerte conflicto entre el gobierno y el STM, con una paritaria de abril donde los municipales reclaman una recomposición del 35%, mientras que el Ejecutivo se plantó en un 10%, donde todo indica que el intendente cerrará la paritaria por decreto. La situación comenzó a enrarecerse cuando el gremio realizó un paro de 48 horas a comienzos de abril, frente a lo que Montenegro anunció que por primera vez descontará los días no trabajados. A eso se sumó una nueva decisión, cuando el gobierno modificó el régimen de presentismo vigente desde 2001, incorporando a la ausencia por paros como una de las faltas que le quita el beneficio de cinco días de licencia cuatrimestral con goce de sueldo.
