Rubén “Cholo” García y FESIMUBO exigen acción al gobierno de Kicillof para dignificar a los trabajadores municipales tras décadas de contratos temporales y salarios en negro.
El pasado viernes 25 de octubre, los Secretarios Generales de FESIMUBO (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses) se reunieron en un plenario liderado por el Secretario General Rubén “Cholo” García. En el encuentro, se abordaron temas cruciales para los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, especialmente la necesidad urgente de convocar al Consejo de Empleo Municipal y de crear un Registro de Contratos Transitorios, una medida que consideran vital para garantizar los derechos laborales básicos de miles de empleados.
Un espacio para la dignidad laboral
Para García, la importancia del Consejo de Empleo Municipal radica en que representa un “ámbito natural” para discutir y resolver problemáticas laborales entre trabajadores y empleadores. “No se trata solo de establecer pisos salariales. También se deben corregir años de prácticas nocivas como el pago de salarios en ‘negro’ y la extensión de contratos temporarios que, en muchos casos, llevan más de 15 años sin otorgar estabilidad”, sostuvo García.
Desde FESIMUBO consideran que este espacio es una manda legal que, aunque fue establecida hace casi una década, no ha sido puesta en práctica. “Es tiempo de cumplir la ley y devolver la dignidad que se ha negado a nuestros trabajadores durante más de 18 años de una legislación oprobiosa que data de los tiempos del neoliberalismo duhaldista”, subrayó el dirigente gremial.
Registro de Contratos Transitorios: una necesidad impostergable
Otro punto central de las demandas de FESIMUBO es la creación de un Registro de Contratos Transitorios en el Ministerio de Trabajo provincial. Esta iniciativa, según García, está contemplada en la legislación vigente y es clave para frenar el abuso de las contrataciones temporales.
“Es inaceptable que trabajadores municipales con años de antigüedad continúen bajo contratos temporarios, un mecanismo que se utiliza como herramienta de disciplinamiento social. La ley exige que estos contratos tengan una duración máxima de 12 meses y estén registrados oficialmente, con copias para el trabajador, el municipio y el Ministerio de Trabajo”, explicó García.
Además, subrayó la importancia de que este registro incluya los salarios acordados para frenar la evasión de aportes y garantizar los derechos de seguridad social de los trabajadores.
El compromiso del gobernador Kicillof y las tensiones con los intendentes
García resaltó que en el plenario de FESIMUBO, donde participaron 95 Secretarios Generales de distintos puntos de la provincia, se puso de manifiesto la preocupación por la demora en la implementación de estos mecanismos.
Aunque el gobernador Kicillof se comprometió personalmente en 2019 a abordar estas problemáticas, según García, las tensiones con ciertos intendentes que prefieren mantener el statu quo han limitado las acciones del mandatario provincial.
“No podemos seguir tolerando trabajadores con salarios básicos de $60,000 o $80,000 en municipios como Merlo o Moreno. Más tarde o más temprano, el gobernador deberá decidir si cumple la ley o sigue prestándose al juego de los intendentes”, afirmó García, advirtiendo que la falta de acción podría derivar en una creciente conflictividad laboral.
La crítica de García a las políticas de ajuste de Milei
Durante la reunión, el líder sindical también aprovechó para criticar las políticas de ajuste impulsadas a nivel nacional por el presidente Javier Milei. García calificó estas medidas como un “revivir del neoliberalismo de los 90”, una época en la que, según él, el Estado se enfocaba únicamente en el mercado, descuidando las necesidades básicas de la población.
“Para Milei, su prioridad es el mercado financiero. No le importa lo que sufren los argentinos por su fijación con el déficit. Ha dicho que es un topo que viene a destruir el Estado, y eso es justamente lo que está haciendo”, sostuvo el secretario de FESIMUBO, señalando que las políticas de privatización y desregulación económica están causando un profundo daño a la sociedad.
García también señaló que estas prácticas no son exclusivas del gobierno nacional, sino que algunos intendentes aplican medidas similares, como la declaración de “esencialidad” en sectores municipales, que impide a los trabajadores realizar huelgas. “Tenemos intendentes que llevan un pequeño Milei adentro, limitando derechos y aplicando políticas que afectan a los trabajadores municipales. Esto nos recuerda la antigua Ley 11.757, que tantos años nos costó derogar para alcanzar una reparación histórica a través de la Ley 14.656”, afirmó.
La unidad gremial como contrapeso a las políticas de ajuste
Al ser consultado sobre la necesidad de una unidad opositora contra las políticas de ajuste del gobierno nacional, García se mostró a favor de esta idea, pero con condiciones. “La unidad es necesaria, pero no basta con declamar contra el ajuste; es fundamental tener un plan de acción sincero que incluya a todos los trabajadores. No podemos ser coherentes si criticamos a nivel nacional y miramos para otro lado ante lo que ocurre en la provincia”, puntualizó.
Autonomía municipal: una excusa para no cumplir con los derechos laborales
García también rechazó los argumentos que sugieren que la autonomía municipal impide una intervención provincial para mejorar las condiciones de los trabajadores.
“La autonomía no puede ser una barrera para la justicia social ni para el cumplimiento de los derechos humanos”, señaló, y añadió que tanto la Constitución nacional como la Ley 14.656 establecen herramientas para garantizar los derechos básicos de los trabajadores municipales.
“Existen diferencias entre municipios, pero eso no debe impedir establecer un estándar mínimo de condiciones laborales”, concluyó García, quien reafirmó el compromiso de FESIMUBO en su lucha por los derechos de los municipales en la provincia de Buenos Aires.
